Sus conversaciones circulan por la nube. ¿Tienen que quedarse allí?
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MiFID II pide cinco años. El RGPD pide lo contrario. Conservar y borrar al mismo tiempo, por canal y por jurisdicción.
Dos obligaciones, en sentidos opuestos, sobre el mismo fichero. MiFID II exige que una grabación relevante se conserve durante cinco años. El RGPD exige que los datos personales no se guarden más allá de lo necesario y reconoce al interesado el derecho de supresión. A primera vista, es una contradicción irresoluble: ¿cómo conservar y olvidar al mismo tiempo? La paradoja solo se deshace cuando se entiende que la respuesta no es una regla única, sino una política granular, distinta por canal, por jurisdicción y por tipo de interacción.
MiFID II y el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 imponen la conservación de los registros de las comunicaciones relacionadas con operaciones durante un periodo mínimo de cinco años, ampliable a siete a petición de la autoridad competente. La lógica es probatoria: el registro tiene que existir por si fuera necesario reconstruir una orden o una decisión. DORA refuerza la necesidad de mantener registros para poder reconstruir los incidentes.
El RGPD parte del principio contrario. El artículo 5 consagra la limitación del plazo de conservación: los datos personales solo deben guardarse durante el tiempo necesario para la finalidad que justificó su recogida. El artículo 17 añade el derecho de supresión. La finalidad «cumplir una obligación legal de conservación» es legítima y prevalece mientras dure la obligación, pero cuando la obligación se extingue, la base para conservar desaparece con ella.
La tentación de resolver el conflicto con una regla única, «lo guardamos todo cinco años», falla en ambos sentidos. Conserva datos que el RGPD ya no permite guardar y, al mismo tiempo, puede no cubrir interacciones sujetas a obligaciones más largas. El cumplimiento real exige distinguir, en el momento de la captura, el régimen aplicable a cada interacción. No hay un plazo correcto; hay un plazo correcto para cada caso.
No existe un plazo de retención «correcto». Existe el plazo correcto para cada interacción, y la madurez de un archivo se mide por su capacidad de aplicar muchos plazos distintos sin intervención manual.
La solución técnica a un problema jurídico de esta naturaleza es una política de retención configurable, definida una sola vez y aplicada automáticamente a cada grabación en función de sus atributos. En el momento de la captura, la interacción hereda el régimen que le corresponde, por canal, por jurisdicción, por tipo, y el sistema se encarga de conservarla exactamente durante el tiempo debido. Cuando vence el plazo, el borrado se produce por regla, no por decisión puntual. Así se elimina el error humano en ambos sentidos: ni se borra antes de tiempo lo que hay que conservar, ni se guarda más allá de lo que permite el RGPD.
Hay una simetría que muchas organizaciones pasan por alto: tan importante como demostrar que se ha conservado es demostrar que se ha borrado. Cuando un interesado ejerce el derecho al olvido, o cuando vence un plazo de retención, la ejecución del borrado tiene que dejar constancia: qué, cuándo, al amparo de qué política y con qué fundamento. Sin ese rastro, la organización no puede demostrar ante una autoridad de protección de datos que ha atendido la solicitud, ni distinguir un borrado legítimo de una destrucción indebida de pruebas. El borrado documentado es el reverso exacto del audit trail de accesos: acredita una ausencia en lugar de una presencia.
La paradoja se disuelve cuando se deja de ver como una elección entre conservar y olvidar, y se pasa a tratar como la convivencia de ambas capacidades en el mismo archivo. Conservar durante el tiempo que exigen MiFID II y DORA; olvidar en el momento y en la medida en que obliga el RGPD; y, en ambos casos, ejecutar por política y documentar el resultado. No es un equilibrio frágil entre dos normas en conflicto, sino la aplicación correcta de cada una al caso que le corresponde. Un archivo que sabe hacer ambas cosas a la vez ya no tiene ninguna paradoja que resolver.
Publicado por el equipo uPlayback, un producto de Grupês. Tres décadas de experiencia en compliance recording.
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